BOE Nº 62 de 11 de marzo

Orden TED/202/2026, de 27 de febrero, por la que se declaran determinadas sustancias y objetos como subproductos con arreglo a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Resumen – Orden TED/202/2026 (27 de febrero)

La orden declara determinadas sustancias y objetos como subproductos en lugar de residuos, conforme a la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta regulación se basa en la Directiva 2008/98/CE sobre residuos, modificada por la Directiva (UE) 2018/851, que establece las condiciones para que un material derivado de un proceso productivo pueda considerarse subproducto.

Para que una sustancia sea considerada subproducto y no residuo, deben cumplirse cuatro condiciones simultáneas:

• Que exista certeza de que será utilizada posteriormente.
• Que pueda utilizarse directamente sin transformaciones distintas de la práctica industrial normal.
• Que se genere como parte integrante de un proceso de producción.
• Que su uso sea legal y no cause impactos negativos en la salud humana ni en el medio ambiente.

La orden se aplica a solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2022 y evaluadas mediante un procedimiento técnico del ministerio. Los informes concluyeron que los materiales analizados cumplen las condiciones necesarias para ser declarados subproductos.

La norma tiene alcance en todo el territorio español y afecta a materiales procedentes de diversas industrias, como:

• producción de aluminio,
• fabricación de cobre electrolítico,
• síntesis de ácido oxálico,
• industria agroalimentaria,
• industrias madereras,
• fabricación de papel tisú.

Cada material solo tendrá la consideración de subproducto si se utiliza para los usos específicos establecidos; si se emplea para otros fines, deberá tratarse como residuo según la normativa correspondiente.

La orden se justifica por motivos de protección ambiental y de la salud, cumple los principios de buena regulación (necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia) y ha sido elaborada con consulta a comunidades autónomas, sectores afectados y organismos ambientales.